Los Cabildos discrepan, del mismo modo que lo hacen los Ayuntamientos Canarios, respecto de la metodología aprobada por el Gobierno y por la Comisión Técnica de Análisis y Coordinación de la Gestión Tributaria para determinar lo que es la cesión de los recursos a las Corporaciones Locales, de tal forma que la Ley 9/2003, de 3 de abril, de medidas tributarias y de financiación de las haciendas territoriales canarias determinaban con claridad el porcentaje de participación del Gobierno de Canarias y de las Corporaciones locales en el Bloque de Financiación Canario, de tal forma que, esa Ley determinaba que era el 58 por ciento para las Corporaciones Locales y el 42 por ciento para la Comunidad Autónoma.

Tras la reunión, Curbelo declaró que “lo que ocurre con la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales aprobada (Ley 4/2012, de 25 de junio) es que nosotros admitimos ceder de estos nuevos impuestos que se aprobaron el año pasado de las nuevas figuras fiscales el incremento de las nuevas figuras impositivas nosotros admitimos, dado que el Gobierno nos pidió que contribuyéramos en la Sanidad y en la Educación, con determinada aportación de los Cabildos, y lo hicimos pero, sin embargo, en la liquidación del año 2012 tuvimos problemas porque el porcentaje que el Gobierno, de una forma unilateral, con una metodología que no compartimos, con el rechazo de los Ayuntamientos y de los Cabildos, determinó un porcentaje para la Comunidad Autónoma del 47,12 por ciento y para las Corporaciones Locales del 52,88 por ciento, es decir, 5,12 puntos a favor de la Comunidad Autónoma. Nosotros estamos en desacuerdo con esa realidad y lo que planteamos es pedir una reunión con el Gobierno para tratar todos los temas económicos y con respecto al Bloque de Financiación Canario, hemos decidido proponer una cesión transitoria de porcentajes de repartos de la recaudación del IGIC, es decir, el 2 por ciento para el año 2012”.

De esta forma, los Cabildos se vinculan sucesivamente hasta el año 2016 hasta que quede resuelto el compromiso “porque, de lo contrario, los Cabildos Canarios se están perjudicando y lo que hicimos el año pasado para resolver este problema fue que el Gobierno nos compensara en 30 millones de euros que era previsiblemente lo que el Gobierno se había quedado de más en la distribución de los recursos y si excedieron de dicha cantidad compensada tendrá que asumirlos el Gobierno. Por tanto, la metodología actual no la compartimos y proponemos esto porque lo que el Gobierno se está quedando de más afecta muy directamente a las Corporaciones Locales, es decir, Ayuntamiento y Cabildos”.

En materia de competencias transferidas y delegadas los Cabildos proponen, de forma inaplazable, fijar un mecanismo definitivo de actualización de la financiación de las competencias transferidas del Gobierno de Canarias a los Cabildos Insulares y que lo haga en el mismo modo y con el mismo rigor que lo hace el Estado en el sentido de las transferencias y el sistema de financiación del Estado a las Comunidades Autónomas “para que quede con claridad definida una forma de cálculo que sea automática, que sea una operación aritmética, que sea entendible y que no introduzca juicios de valor, porque lo que está haciendo el Gobierno cada año es variar los criterios de valoración de los recursos de competencias transferidas a cada uno de los Cabildos canarios. En el 2011 tuvo un criterio de valoración, en el 2012 otro y ahora tiene otro distinto y, lógicamente, nosotros pedimos para el presente año también el mismo criterio que utiliza el Estado con la Comunidad Canaria en concepto de competencias transferidas para que el Gobierno no improvise”.

Casimiro Curbelo explicó que “en lo relativo al año 2010, que es precisamente un año en el que el Gobierno ingresó una cantidad inferior a la que los Cabildos Canarios demandaron, es decir, en una deuda de 65,7 millones de euros, lo que le pedimos al Gobierno de Canarias es que lo devuelva a los Cabildos del mismo modo que nosotros estamos devolviendo ya la recaudación en exceso del año 2008 y 2009, por lo que le pedimos que nos compense con esa recaudación que tenemos que devolver y que nos lo devuelva en un periodo de tiempo de diez años porque si no, de lo contrario, el Gobierno actuaría de una forma distinta con los Cabildos cuando nosotros actuamos de una forma correcta. Si no, de lo contrario, haríamos la interposición de un conflicto de competencias frente a la autonomía local, que además lo regula el artículo 75 bis y siguiente de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o plantear la modificación vía iniciativa legislativa”.

Respecto a la Agencia Tributaria los Cabildos van a colaborar con el Gobierno de Canarias para apoyarle en los efectos que tiene la supresión de las encomiendas a las oficinas liquidadoras de los registradores “pero también vamos a ser exigentes en la negociación para que el Gobierno agilice el contenido del Anteproyecto de Ley para la creación de la Agencia Tributaria Canaria porque la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, ya estableció la aprobación de dicho proyecto y ya han pasado muchos meses y el Gobierno no lo ha llevado a cabo y porque es necesario que lo que hoy deja de cobrar, por ser ineficiente la Gestión Tributaria Canaria, lo haga desde una Agencia donde son miembros todos los que tienen coparticipación de esos recursos que son los Ayuntamientos, los Cabidos y la Comunidad Autónoma”.

Igualmente, los Cabildos van a pedir al Gobierno que el incumplimiento de los convenios suscritos entre los Cabildos con las Comunidades Autónomas omitiendo los créditos en el estado de gasto de los presupuestos autonómicos se proceda a una reflexión del conjunto de todos los convenios suscritos y en los que el Gobierno incumple. Para ello, los Cabildos canarios van a presentar una propuesta global e integral y “entraremos en un proceso de negociación donde hay convenios específicos como el compromiso con los Cabildos y con las Islas”.

También van a incorporar una realidad que se está produciendo en Canarias y es que mientras el tratamiento que se da por parte del Estado a las Diputaciones y a lo Ayuntamientos respecto de dos figuras impositivas que son las de hidrocarburos y las labores del tabaco, que en el caso Peninsular recauda el Estado y las reparte entre Diputaciones y Ayuntamientos de una forma pactada, no ocurre lo propio en el caso de Canarias con la única diferencia que “aquí lo recauda la Comunidad Autónoma y no lo reparte ni con los Ayuntamientos ni con los Cabildos y éstas son partidas importantes porque hablando de hidrocarburos se trata de una partida de 298 millones de euros y de labores del tabaco 119 millones de euro”s.

“El Gobierno incumple el decreto de transferencias en materia de infraestructuras rural pues no hay ningún tipo de recurso o financiación para desarrollar el mismo, por tanto, vamos a hablar con el Gobierno de esta realidad para que las infraestructuras rurales puedan tener contenido económico de acuerdo con el decreto de transferencias. Respecto de la disminución drástica de los gastos de capital territorializados por islas hay una disminución muy importante en el que el Gobierno debe lo que es la partida correspondiente en varias islas sin determinar, mientras que Fuerteventura baja sus recursos territorializados en un 63,5 por ciento, Lanzarote en un 57,7 por ciento, Gran Canaria en un 47 por ciento, La Gomera en un 52,7 por ciento, El Hierro en 59,9 por ciento, La Palma en un 59,9 por ciento, Tenerife en un 53, 5 por ciento, sin embargo varias islas incrementa en un 24 por ciento”.

En cifras globales, mientras que a principios de 2012 los recursos territorializados entre islas fue más de 849 millones de euros, a principios del año 2013 han disminuido sensiblemente hasta alcanzar solo los 601 millones de euros, por lo que los Cabildos en la partida de varias islas no territorializadas “queremos conocer y queremos opinar por que ahí sitúa el Gobierno un 24,5 por ciento frente al decrecimiento de todas las demás”.

Por último, el presidente de la FECAI añadió que “hay un acuerdo que se ha retomado de nuevo que es el Decreto correspondiente para que los Cabildos tengan el lugar que les corresponde en los protocolos. Vamos a ir de la mano con los Ayuntamientos canarios en todos aquellos asuntos que nos afecten de una forma compartida y sincera”.