La presidenta del PSOE en las Islas exige al Ejecutivo del Estado que gobierne “para todos” y que no siga “el dictado de los ‘lobbies’ de la derecha más rancia” a la hora de regular derechos ciudadanos
El PSOE de Canarias, a través de su presidenta, Dolores Padrón, preguntó hoy al Partido Popular de Canarias y a sus máximos responsables, Asier Antona y José Manuel Soria, “si van a hacer como el resto de la derecha en España” y van a seguir “a pies juntillas” las exigencias de la Conferencia Episcopal en cuestiones “tan sensibles como la ley del aborto o el matrimonio homosexual”. “El Gobierno de España, en el que está el canario José Manuel Soria, no ha tardado ni un día en responder a Rouco Varela que seguirá de manera obediente todas sus indicaciones”, señaló Padrón. La diputada regional, que tachó a este dirigente religioso de “comisario político del PP”, condenó en nombre de su partido en las islas “este nuevo ataque a la igualdad” y suscribió la exigencia de que “se replanteen, en caso de continuar la injerencia religiosa en las labores ejecutivas, los acuerdos vigentes con la Santa Sede".
La dirigente socialista consideró “lamentable” que la cúpula de la iglesia española “siga anclada en posturas contrarias a los derechos básicos de la ciudadanía, como la capacidad de decidir de las mujeres o la libertad para elegir casarse con quien cada cual considere oportuno”. Sin embargo, aseveró, “es aún peor que el Gobierno de un Estado aconfesional como el español, que se supone que tiene que representar a todos los ciudadanos, atienda de forma inmediata todas las demandas de la alta jerarquía eclesiástica, por disparatadas que estas sean”. “Si el PP continúa en la senda de reformar las leyes al dictado de los ‘lobbies’ de la derecha más rancia de este país, no dudaremos en apoyar que se replantee la reforma de los acuerdos con la Santa Sede”, concluyó la presidenta del PSOE de Canarias.
De esta manera, Padrón fijó la posición de su partido en la defensa de la libre decisión de las mujeres y del matrimonio igualitario como derechos fundamentales de la ciudadanía, rechazando las leyes restrictivas de la interrupción voluntaria del embarazo que defiende el PP y que, a su juicio, “no reducen el número de abortos”. “Las decisiones del Gobierno tienen que estar guiadas por el interés general, nunca por los caprichos particulares de cualquier grupo de presión, sea del tipo que sea”, concluyó.
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