Durante los años 2008 y 2009, los municipios canarios con zonas de influencia socioeconómica en los Parques Nacionales, recibían de fondos del Gobierno Central subvenciones destinadas a compensar socioeconómicamente a las poblaciones locales asentadas en la periferia de dichos espacios naturales.

No obstante, el Gobierno de Canarias, responsable de la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, no destinó la  cuantía correspondiente al año 2010 (de un dinero ya transferido por el gobierno central),  lo que a su vez impidió la posibilidad de solicitar las subvenciones de los años sucesivos.

La incapacidad administrativa y/o política del gobierno canario (consejería  bajo las siglas de Coalición Canaria en aquel entonces), se tradujo en un importante perjuicio económico para 31 municipios del archipiélago,  siendo el de Valle Gran Rey donde, a priori, esta mala gestión ha supuesto un mayor coste. Y es que, en este municipio sureño de la isla colombina, el grupo de gobierno presentó un proyecto que debía nutrirse durante cada una de las cuatro fases que lo constituían de las subvenciones citadas, y que nunca recibieron entre los años 2010-2012, provocando la incapacidad financiera para ejecutar la 2ª, 3ª y 4ª fase, del proyecto "Plan Contra Incendio en la Zona de Preparque  del Municipio de Valle Gran Rey".

El objetivo general del proyecto era la eliminación, en puntos estratégicos a modo de cortafuegos, del cañaveral del barranco de Valle Gran Rey y su paulatina sustitución por "saos" y "hayas, la dotación municipal de un protocolo de actuación y de un plan de emergencia-autodefensa en caso de incendio, y  la creación, formación y equipamiento del grupo de Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey.

El resto de la historia es tristemente conocida, y si bien es probable que aún con el proyecto ejecutado hubiese habido daños por efecto del fuego en la parte media baja del municipio de Valle Gran Rey, no es menos probable que estos se hubieran visto minimizados ostensiblemente y que se hubiera disminuido el dolor de muchos vecinos, así como las pérdidas materiales y socioeconómicas del municipio y el coste que está suponiendo a los ciudadanos y administraciones.

Así pues, citando las palabras de la FECAM (Federación Canaria de Municipios), "una negligencia  de la administración" nuevamente es sufrida por los ciudadanos sin que haya ningún tipo de depuración política.

Luis Salvador Hernández Bethencourt