El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe controlar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas con una pulsera electrónica para evitar que se fugue del país, tal y como solicitó la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el caso 'Gürtel'. Según la agencia Europa Press, que ha tenido acceso a esta información, ADADE descartaba pedir, en el escrito que presentó al juez, el ingreso en prisión de Bárcenas al considerar que podría tratarse de una "medida excesiva y desproporcionada", aunque solicitaba la "urgente" adopción de una serie de medidas cautelares para "evitar el riesgo de fuga" y que el extesorero tuviera la tentación de llevar a cabo una operación de "vaciamiento patrimonial". En concreto, esta parte pidió la "colocación en el citado imputado de un instrumento electrónico para su control permanente", la prohibición de que salga del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de que comparezca todas las semanas en el juzgado más próximo a su domicilio. Aunque Anticorrupción sigue adelante con su investigación de la que apenas se conocen las líneas generales, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que hay "indicios" para continuar la investigación del "caso Bárcenas" hasta "el final", con el fin de aclarar la posible existencia de posibles hechos delictivos, esto es, la supuesta financiación ilegal del PP, además de los delitos fiscales en los que el extesorero hubiera podido incurrir.

ADADE también reclamó “la prohibición inmediata de transferir o gravar de manera alguna sus bienes”, así como el embargo preventivo de todos sus bienes y propiedades “incluyendo, naturalmente, los que tenga en el extranjero”. De igual modo, solicitó al juez que obligue a Bárcenas a designar un domicilio y un número de teléfono donde pueda ser “en cualquier momento localizado, comunicando de inmediato cualquier variación de ellos”. Las medidas fueron solicitadas por esta asociación tras conocerse que Bárcenas, que está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho, llegó a tener hasta 22 millones de euros en una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza). En diciembre regularizó  10,9 millones (el delito fiscal en el resto habría prescrito, según su defensa) tras acogerse a la amnistía fiscal a través de la sociedad Tesedul, registrada en Uruguay.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en declaraciones a los periodistas, ha señalado que no cree que “haya nadie, a estas alturas, que no desee que estos hechos se esclarezcan por el bien de todos los implicados, el propio Estado de derecho, la necesidad de que exista una confianza en la Administración de Justicia y la clase política”. El compromiso del fiscal general del Estado es que, tras las pruebas practicadas hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción diseñe “con la máxima celeridad” la estrategia para esclarecer el escándalo. Anticorrupción se ha dirigido al Partido Popular para solicitarle datos sobre sus cuentas y sigue tomando declaración a los responsables de las finanzas del partido que pudieron conocer y hasta orquestar la presunta contabilidad B.

Este jueves le ha tocado el turno al extesorero Álvaro Lapuerta, que ha asegurado que nunca existió una caja B en el partido y que tampoco vio los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas. El marcador, hasta ahora, es de 2 a 1. Lapuerta ha coincidido en su desmentido con el propio Luis Bárcenas, que este miércoles también rechazó las supuestas cuentas opacas y que los documentos publicados por El País fueran suyos. Sus versiones contradicen a la del exdiputado del PP Jorge Trías, que también el miércoles aseguró ante el fiscal Romeral que había visto los documentos porque Bárcenas se los enseñó.

Torres-Dulce ha informado de que el Ministerio Fiscal no anticipará diligencia alguna que pueda comprometer el devenir de las actuaciones y ha dicho que corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción dar cuenta de ello, siempre que “no perjudique la discreción que debe presidir cualquier actuación judicial y, en particular, la del Ministerio Fiscal”. Respecto a la prueba pericial caligráfica practicada al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha indicado que no hay resultados, ya que “la Justicia debe ir rápida, pero no imposiblemente rápida. Ayer se formó un cuerpo de escritura que debe pasar al perito calígrafo”.

En relación a este caso, Torres-Dulce ha recordado que, “con respeto a todas las garantías constitucionales, el propósito del Ministerio Fiscal es realizar una investigación para aclarar la posible existencia de hechos delictivos” en este asunto. Ha añadido que, “con la mayor celeridad, como corresponde a un proceso en el que están en juego tantas cosas”, la Fiscalía ha tomado declaración a Bárcenas, al también extesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta y al exdiputado del PP Jorge Trías Sagnier, además de examinar las citadas pruebas caligráficas.

En este punto, ha revelado que se ha pedido una documentación, que ha calificado de “imprescindible”, al Tribunal de Cuentas, al PP y a la Agencia Tributaria, con el fin de “corroborar los datos de que se dispone, en principio, no ya por informaciones periodísticas, sino con la documentación”. Torres-Dulce ha apelado a la prudencia porque ha señalado que se está en una fase previa de la investigación y ha insistido en que la valoración de las pruebas la hará el Ministerio Fiscal. Por ello, ha indicado que “no corresponde anticipar la validez o invalidez de pruebas cuando se está en una fase preprocesal”.

Declaraciones contradictorias ante el fiscal

Entretanto, el extesorero Álvaro Lapuerta declaraba en la Fiscalía Anticorrupción y, según han informado fuentes jurídicas, ha asegurado al fiscal que en el PP no se manejó una contabilidad paralela y que nunca vio los papeles manuscritos que se atribuyen a Bárcenas. Lapuerta, que estuvo al frente de las finanzas del PP entre 1993 y 2008, fue el antecesor en el cargo de Luis Bárcenas, que este miércoles también negó ante el fiscal Antonio Romeral la supuesta contabilidad B del PP y que él fuera el autor de los documentos con anotaciones contables publicadas por El País. Previamente, el exdiputado Jorge Trías reiteró, en su declaración, que Bárcenas le enseñó hace tiempo los papeles.

Durante poco más de una hora, Jorge Trías confirmó la autenticidad de los documentos publicados y atribuidos al extesorero del Partido Popular. Según su versión de los hechos, él ya había visto anteriormente todos esos papeles. Con todo, el exdiputado habría matizado lo expresado la semana pasada cuando afirmó que, efectivamente, los sobresueldos eran una realidad en el partido. Ante el fiscal afirmó desconocer el mecanismo interno del PP, alegando que sus palabras estaban basadas precisamente en lo observado en los documentos que Bárcenas le enseñó, pero no en sus propias experiencias. Lo cierto es que en una entrevista publicada por El País el pasado 21 de enero, Trías aseguró que el partido entregaba sobres con dinero en efectivo, de hasta 10.000 euros al mes, como complemento de sueldo para algunos dirigentes. Este asunto ya había sido denunciado por el exdiputado en el mismo periódico en el artículo “¿Sombras o certezas?”

La investigación de la Fiscalía se centra ahora en confirmar la autenticidad o no de lo publicado en los últimos días. Fuentes de la Fiscalía han asegurado que todavía no está prevista la declaración de los supuestos empresarios citados en los llamados “papeles de Bárcenas” por hacer supuestas entregas de dinero al PP.