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El juez cita a la infanta Cristina como imputada en la trama corrupta del ‘caso Nóos’

JUAN IGNACIO MORA HERNANDEZ  |  03 de abril de 2013 (15:01 h.)
El juez cita como imputada a la infanta Cristina

Considera que la hija del rey permitió el uso de su nombre en los negocios irregulares de su marido, Iñaki Urdangarin

3 de abril de 2013. Fecha que pasara a la historia judicial española. Por primera vez un miembro de la Casa Real es imputado por la Justicia. El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha decidido imputar a la infanta Cristina y la ha citado declarar tras meses de investigación. En la decisión del juez han pesado sin duda los correos electrónicos que Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin, ha pasado al juez. Esa era la estrategia de Torres, que siempre ha acusado a Doña Cristina de conocer los turbios negocios de su marido.

La imputación se produce una semana después de que Torres aportara nuevos correos para tratar de demostrar su implicación en la empresa. Entre esa documentación había varios emails que el marido de la Infanta Cristina remitió a su mujer para consultarle diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos.

En concreto, en uno de ellos, fechado el 20 de febrero de 2003, Urdangarin remite a la hija del Rey Don Juan Carlos "una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar". Y prosigue: "Hay dos versiones. Clientes, 'colab' y amigos y la otra para Octagon (no quiero sacar ampollas). Léelo y dime lo que piensas please... Ciao".

En el mismo correo, el Duque le comenta que "a veces por no saber lo que piensas voy más perdido, pero mi reacción no es la de dejarte así".

Mediante otro email, del 17 de junio del mismo año, Urdangarin le reenvía a su mujer un mensaje de Nissan sobre la resolución del concurso 'Estudio de notoriedad World Series by Nissan', en el que esta compañía indica que una vez recibidos y analizados los presupuestos solicitados, la mejor oferta es la presentada por Nóos.

En otro correo, fechado el 5 de abril de 2004, el Duque reenvía adjunto a la Infanta un artículo que "trabajamos el día pasado en el seminario y un resumen del mismo. Me parece interesante". El 26 de febrero de ese año, el Duque envío otro correo al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, en el que le pedía que le diese "una copia a Cristina de mi parte".

La infanta declarará el 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca donde se investiga la trama. 

Correos válidos

La imputación se produce al día siguiente de que el juez desestimara la petición de nulidad de los correos electrónicos aportados por Diego Torres a esta causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos y la Fdcis, solicitada a principios de marzo por la defensa de Iñaki Urdangarin.

En un auto dictado el martes, el magistrado de Instrucción número 3 de Palma, ha desestimado la petición de nulidad y expulsión de la causa de los correos electrónicos aportados por Torres, cuya autenticidad y valor probatorio han sido puestos en duda por la defensa del duque de Palma, han informado fuentes próximas a la investigación.

El juez rechaza que sean declarados nulos porque considera que no hay razones para pensar que han sido falseados o que, mediante su aportación a la causa, se haya violado ningún derecho fundamental.

A lo largo de la instrucción de esta pieza separada del caso Palma Arena, que dura ya más de dos años, Torres, exsocio de Urdangarin en el Instituto Nóos, ha entregado hasta seis tandas de correos electrónicos en los Juzgados de Palma.

Su propósito es intentar probar el papel de decisión de Urdangarin en la trama de Nóos y tratar de vincular a la infanta Cristina y al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, con la entidad investigada y este caso judicial que todo apunta a que se encuentra en su fase final de instrucción.

Por otra parte, el juez Castro también ha rechazado los recursos presentados tanto por Urdangarin como por Torres contra su decisión de preguntar a la Agencia Tributaria si los dos imputados se habían acogido a la amnistía fiscal decretada el año pasado por el Gobierno del PP.